LA POLÍTICA CRIMINAL HACIA EL PUEBLO MAPUCHE: RECRUDECIMIENTO DEL TRATO DISCRIMINATORIO

“Hacemos un llamado al Gobierno para que adopte todas las medidas administrativas y judiciales necesarias para investigar estos hechos y poner término a las situaciones abusivas, ilegales y arbitrarias de las que aquí se ha dado cuenta, y que afectan a los mapuche”.

Diversos hechos que afectan o involucran a personas mapuche o a simpatizantes de su causa ocurridos durante los meses de verano dan cuenta del recrudecimiento del trato discriminatorio que desde el estado se da al pueblo mapuche, esta vez expresado en una política criminal manifiestamente violatoria de sus derechos fundamentales.

Dada su gravedad, estimamos necesario dar a conocer estos hechos, y analizar las implicancias que estos tienen desde la perspectiva de los derechos humanos. Los hechos más relevantes acaecidos son los siguientes:

1. Allanamientos policiales

Durante los meses de enero y febrero se verificaron un total de doce allanamientos de viviendas que afectaron a personas mapuche y/o a personas no indígenas, vinculadas al pueblo mapuche en diversas partes del país, incluyendo las comunas de Los Ángeles (región del Bio Bio), Padre las Casas, Labranza, Chol-Chol, Melipeuco, Temuco (región de la Araucanía), y Santiago.

Las diligencias de ingreso, registro e incautación que han sido realizadas por carabineros a contar del 13 de enero hasta la fecha, se enmarcan en la investigación del incendio y sustracción de especies del fundo San Leandro de propiedad de Pablo Hardener Truán, ubicado en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía, ocurrido el 12 de enero pasado. La investigación es dirigida por el fiscal Sergio Moya de la Fiscalía Regional de Temuco, en causa que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Lautaro. De acuerdo al Ministerio Público los hechos investigados revestirían el carácter de terrorista.

Reconociendo las competencias legales de los organismos que han participado de estas diligencias, y la existencia de órdenes emanadas del Tribunal de Garantía competente, nos parece que ellas han adolecido de graves deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos, reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, deficiencias imputables tanto al actuar de la Fiscalía Regional como a la Policía de Carabineros.

Tales diligencias, en primer término, se realizaron sin la presencia del fiscal, lo que consideramos grave. Ello por cuanto si bien ella no es exigida por la ley, ésta constituye una condición mínima para garantizar los derechos de los imputados y de sus familias, y con mayor razón si se investigan presuntos delitos de carácter terrorista.

El registro de los domicilios no se realizó con apego a las normas establecidas en el Código Procesal Penal, ya que no se permitió la presencia de sus moradores durante el registro. Ello se vio dificultado también por el hecho que carabineros en muchos casos registró simultáneamente diversas dependencias de cada domicilio.

Por otro lado, y tal como lo ha confirmado la Corte de Apelaciones de Temuco en fallo de 13 de febrero sobre el recurso de amparo interpuesto a favor de Nataly Sanhueza Inostroza y Francisco González Cárdenas, carabineros ha incurrido en irregularidades en sus procedimientos al llevar a cabo una orden verbal de allanamiento, en circunstancias que ésta había sido expedida con seis días de anterioridad, lo que no se condice con el carácter de urgencia que dicha orden verbal tiene de conformidad al Código Procesal Penal.

Junto a lo anterior, las actas de incautación verificada en estos allanamientos carecen de la precisión necesaria para individualizar las especies y velar por su posterior devolución. Es más, en el allanamiento efectuado en la ciudad de Los Ángeles, no se ha entregado a la fecha acta de incautación.

Con respecto a las especies incautadas, cabe señalar que en la mayoría de los casos de allanamientos, el Observatorio Ciudadano ha constatado que muchas de ellas lo han sido sin ningún criterio, sin importar el derecho de propiedad sobre ellas y su eventual relevancia como medio de prueba. En efecto, si bien entendible que se pesquisen prendas de vestir para cotejarlas con las evidencias con que cuenta el Ministerio Público en el caso, no tiene ningún sentido la incautación de discos compactos que se encuentren en el domicilio, literatura relacionada con los pueblos originarios, textos en mapudungún, fotografías y otros bienes relacionados con la cultura mapuche, elementos que no constituyen medios de prueba respecto de participación en los delitos que se investigan. Su incautación por los agentes policiales más bien da cuenta de una evidente criminalización del mundo mapuche y de su cultura.

Finalmente, y de mayor gravedad aún, dichas diligencias fueron realizadas por carabineros con gran despliegue de fuerza, sin proporcionalidad alguna con la situación con la que se encontraron en las moradas allanadas, en las que no hubo resistencia alguna por parte de quienes se encontraban en ellas. En efecto, en la mayoría de los casos se utilizó un gran contingente de carabineros, haciendo uso de buses, tanquetas e indumentaria antimotines. Los funcionarios policiales estaban fuertemente armados, claramente preparados para enfrentamientos que nunca se verificaron. En el caso de Nataly Sanhueza Inostroza y Francisco González Cárdenas, quienes interpusieran el recurso de amparo acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco antes referido, los recurrentes denunciaron la presencia de efectivos policiales encapuchados. En el mismo caso se denunció que los moradores de la vivienda allanada fueron encañonados por la policía, obligándoles a tenderse en el suelo mientras estos se realizó la diligencia. Muchas personas que fueron objeto de allanamientos denuncian además haber sido insultados por Carabineros.

Cabe señalar, que carabineros al llevar a cabo una diligencia de este tipo, junto con velar por su efectividad, tiene la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, aunque estos sean imputados de un delito. De otro, modo se estaría vulnerando la presunción de inocencia establecida en la ley. En los casos de allanamiento documentados, carabineros ha vulnerado las directrices de derechos humanos establecidas por Naciones Unidas que el estado de Chile se ha comprometido a respetar, como las contenidas en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de Naciones Unidas (1979). Cabe recordar que dicho Código establece que: “en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”; (artículo 2); y agrega que: “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.” (Artículo 3)

El actuar desproporcionado de Carabineros no produce otro efecto que generar miedo y amedrentar a grupos vulnerables, como lo son los pueblos indígenas, y justifica las denuncias sobre el actuar abusivo de las fuerzas policiales, constatados por entidades tan calificadas como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones al informe del Estado de Chile en marzo de 2007.

2. Aplicación de Ley Antiterrorista.

El Ministerio Público ha solicitado la aplicación de la ley antiterrorista a los hechos antes referidos que se investigan.

El gobierno, a través del Ministro del Interior, ha avalado la aplicación de esta ley al declarar el 12 de febrero en Concepción: “En este caso se configuran todos los antecedentes de una organización o de un intento de organización terrorista. Por consiguiente, vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la Ley Antiterrorista” . En el mismo sentido, se orientan las declaraciones del Subsecretario Patricio Rosende, quien sostuvo al respecto: “Vamos a aplicar la ley vigente que corresponda aplicar en una situación como ésta, en la que se ha encontrado armamento pesado. Si es la Ley Antiterrorista, se aplicará la Ley Antiterrorista, sin vacilación de ninguna naturaleza” . Por su parte, la abogada de la Gobernación Provincial de Cautín, Doris Tello, presentó ante el Tribunal de Garantía de Lautaro una querella criminal, invocando la ley que sanciona conductas terroristas.

Consideramos que ello reviste la mayor gravedad, por cuanto la aplicación de la ley antiterrorista en relación a hechos relacionados con la protesta social mapuche ha sido condenada por diversas entidades internacionales de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ello por cuanto esta legislación no permite asegurar las garantías mínimas del debido proceso a los imputados, toda vez que establece tipos penales muy amplios que permiten una aplicación abusiva de sus disposiciones, permite; el uso de testigos protegidos, lo que se ha traducido en el uso de testigos sin rostro, otorga facultades amplias de investigación y permiten la prolongación de la prisión preventiva de los imputados, y establece elevadas penalidades que duplican las de los delitos ordinarios. Por lo mismo, su aplicación a los mapuche en el marco de los conflictos territoriales ha sido considerada como una forma de discriminación.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación el 2007 por la aplicación de esta ley a los mapuche, al señalar: “El Comité expresa su preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El Comité observa también que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley. (art. 2, 14 y 27 del Pacto).

A objeto de abordar esta realidad, el Comité recomendó al estado de Chile: “…adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo, de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas.”

Debemos recordar que el actual Gobierno, se comprometió, a través de su Presidenta en mayo de 2006 en Austria, a las condenas de dirigentes por ley antiterrorista a personas mapuche, aseguró que: “No voy a aplicar la Ley Antiterrorista, porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”.

La aplicación de la ley antiterrorista ante estos hechos, constituye un evidente retroceso en la política criminal seguida por el Ministerio Público, avalado por el gobierno en contra de las personas mapuche imputadas de participar en conflictos territoriales.

Para la opinión pública, resulta evidente que ello responde a la presión de sectores opositores, quienes han hecho presión a través de los medios de comunicación, para obtener sanciones “ejemplificadoras” en contra de los responsables de hechos de violencia, en contra de propietarios agrícolas y forestales. Hechos que el Observatorio Ciudadano ha condenado, pero que no justifican de manera alguna la aplicación de la ley antiterrorista por las razones antes señaladas.

Es evidente también que el Gobierno, al avalar la aplicación de esta ley en contra de los imputados mapuche, ha dado a estas presiones más relevancia, que las recomendaciones para abordar esta realidad formuladas por instancias internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que resulta contradictorio con su discurso público a favor de los derechos humanos y de un nuevo trato para con los pueblos indígenas.

3.-Petición de asilo.

Otro de los hechos que se ha hecho público durante el mes de febrero, es el de la petición de asilo político en Suiza de la niña mapuche de 10 años de edad, Relmutray Cadín Calfunao. Relmutray es hija de Juana Calfunao, lonko de la comunidad Juan Paillalef, comunidad ubicada en la comuna de Cunco en la Región de la Araucanía que desde hace tiempo se encuentra en un proceso reivindicativo de tierras que actualmente se encuentran en manos de propietarios agrícolas locales.

Como consecuencia de su participación en dicho proceso reivindicativo, actualmente los padres de Relmutray –Juana Calfunao y Antonio Cadín-, se encuentran procesados y en prisión, al igual que en algún momento lo estuvo su hermano Waikilaf Cadín.

En años anteriores, la comunidad de la familia Cadín Calfunao, fue objeto de allanamientos por parte de carabineros, y de enfrentamientos que conmocionaron la vida de la comunidad, en particular de los niños y niñas que en ella habitan. Como consecuencia de ello, y también del encarcelamiento de sus padres, la familia Cadín Calfunao envió a su hija Relmutray a Suiza, para su tía Flor Calfunao cuidase allí de la menor, de modo de alejarla del clima de inseguridad y violencia en que vivía.

Cabe señalar, que las implicancias físicas y psíquicas adversas en los niños y niñas que produce la presencia constante de agentes policiales del estado en comunidades mapuche, manifestada en allanamientos, presencia de efectivos y otras formas de intimidación, ha sido constatada por los propios entes públicos.

Ejemplo de lo anterior, fue el informe emanado del Servicio de Salud Araucanía Norte (Programa de Salud Mapuche, Servicio de Psiquiatría, Hospital de Angol) el año 2004, el que dio cuenta de los impactos generados en niños de la comunidad José Guillón en la comuna de Ercilla en la Región de la Araucanía, como consecuencia de la presencia y hostigamiento policial permanente en ella.

Se debe recordar aquí, que refiriéndose a la situación de los niños indígenas en Chile, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales al Informe del estado de Chile, de fecha 23 de abril de 2007, manifiesta su preocupación respecto a: “la información recibida de que niños y jóvenes indígenas han sido víctimas de maltrato a manos de la policía”, recomendando respecto a ello al Estado de Chile que: “Adopte medidas afirmativas para garantizar a los niños indígenas el disfrute de hecho de sus derechos, en particular en materia de educación y salud”; y que: “vele por que los jóvenes indígenas no sean víctimas de malos tratos a manos de la policía y adopte medidas preventivas y correctivas en los casos de presuntos malos tratos”.

En ese contexto no es de extrañar que la niña Relmutray haya solicitado asilo en Suiza. Es indudable que de ser acogida la petición de asilo que ha hecho al gobierno Suizo, ella vivirá en un ambiente que le permitirá su desarrollo como persona en un contexto más propicio del que el estado de Chile ha podido asegurarle.

Comentario final

Los hechos aquí descritos ocurridos en el último tiempo en relación con personas mapuche y simpatizantes de su causa, no se condicen con el discurso del Gobierno de Bachelet hacia los pueblos indígenas, ni con los compromisos internacionales adquiridos recientemente por el estado de Chile para con estos pueblos y comunidades.

En efecto, el Gobierno de la Presidenta Bachelet propuso el año 2008 una política pública denominada “Reconocer- Pacto social por la multiculturalidad”, en que plantea un conjunto de iniciativas legislativas y políticas orientadas a garantizar el reconocimiento y vigencia de derechos de los pueblos indígenas.

Hay que recordar que en el año 2007, su Gobierno contribuyó a aprobar con su voto, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y en septiembre de 2008, ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. En estos dos instrumentos internacionales, el estado chileno se compromete a asegurar a los pueblos indígenas, los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de la población. En el artículo 3.2 del Convenio 169, el estado se compromete a: “No emplear ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.”

Consideramos que las políticas de persecución criminal impulsadas desde el estado en contra de los mapuche o de personas vinculadas a su causa, así como la violencia de los agentes policiales vinculada a diligencias judiciales en los casos de que aquí se da cuenta, constituyen una abierta violación de estos derechos reconocidos y asumidos por el estado de Chile, y una flagrante violación de su derecho a la igualdad ante la ley. Ellas evidencian el recrudecimiento de un trato discriminatorio vergonzoso, que no es consistente con una democracia, y que por lo mismo debe ser repudiado enérgicamente.

Finalmente, por todo lo expuesto anteriormente hacemos un llamado al Gobierno para que adopte todas las medidas administrativas y judiciales necesarias para investigar estos hechos y poner término a las situaciones abusivas, ilegales y arbitrarias de las que aquí se ha dado cuenta, y que afectan a los mapuche. En caso de no ocurrir ello, pondremos estas situaciones en conocimiento de las instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales, a fin de que puedan realizar una investigación de las situaciones anteriormente descritas, y velar por el respeto de los derechos y libertades fundamentales que han sido vulnerados.

Observatorio Ciudadano Temuco - Santiago, 2 de marzo de 2009

VIAS PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE EIB DEL MINEDUC

Como una forma práctica de aportar al fortalecimiento de nuestra identidad como pueblo queremos convocar a los profesores y profesoras, mapuche, aymaras, likan antay, Rapa Nui y chilenos a gestionar dentro de nuestras unidades educativas, la posibilidad de ingresar al programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Ministerio de Educación de Chile.

 

Actualmente existen dos vías posibles de ingresar a este programa, las que en realidad, dependen de la voluntad de los sostenedores; es por ello que hacemos un llamado a transformarnos en líderes que orientemos esta posibilidad que el sistema permite. Estos son los lineamientos que debemos considerar a la hora de plantear nuestra postura como profesores.

1. Vía solicitud de Focalización al Seremi de Educación.
En este caso el sostenedor de la escuela envía una solicitud al Seremi de Educación de ingreso a las Escuelas Focalizadas de EIB.
El ingreso comprende acceder a los lineamientos curriculares y de materiales que prepara el Programa de EIB del MINEDUC. Entre ellos a recibir los textos didácticos de EIB, participar de capacitaciones de asesores culturales y en el futuro (desde el 2010) a la asignatura de lengua indígena.

2. Vía Ley Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP Nª 20.248). Esta segunda vía no depende del Programa de EIB, sino del MINEDUC.
En este caso en el Diagnóstico del plan de Mejoramiento que establece la Ley SEP, se deberán especificar los problemas de aprendizaje que derivan de la falta de atención a la lengua y cultura indígena, la falta de atención a la diversidad cultural de las niñas y niños, problemas de discriminación que repercuten en su autoestima. Todos ellos afectan e inciden en el rendimiento académico de nuestros educandos.

Una vez identificado el problema de falta de atención a la diversidad cultural y lingüística del niño y como esto afecta en su bajo rendimiento, es necesario incorporar como estrategias de mejora:
            -La construcción de programas de estudios propios,
            -Proyecto educativo institucional de EIB,
            -Incorporación de asesores tradicionales
            -Incorporación de la asignatura de lengua indígena.

Identificados estos elementos y de ser aprobado sus respectivos planes de mejora, los sostenedores de los establecimientos recibirán los recursos necesarios para implementar el plan de mejoramiento.

El Programa de EIB del MINEDUC, dispondrá para las escuelas de EIB, los requerimientos respectivos que forman parte de su línea de trabajo, estos son: formación de educadores tradicionales, materiales, textos y guías didácticas para la implementación de la EIB.

 

Como profesionales que nos desenvolvemos dentro del sistema educativo de este país, tenemos la responsabilidad de plantearnos desde nuestra particularidad como pueblos originarios. Esto  permite mantener lazos activos con los distintos agentes que son parte de la continuidad de nuestros pueblos, es decir, los agentes culturales, religiosos, sociales y políticos.

 

Chaltumay, peukayal.

 

Noviembre del 2008.

 

Newen Mapuche Kimn

Profesores por la Identidad

Los profesores mapuche frente a la Ley General de Educación

Las movilizaciones en contra de la LGE (Ley General de Educación) principalmente de estudiantes y de profesores, se debió al rechazo que genera en amplios sectores sociales, los compromisos de la llamada clase política -con representación parlamentaria-, con el fin de profundizar el modelo económico, el que en la práctica se impone sin ningún contrapeso a toda la sociedad. 

1.- La clase política se inclina derechamente por una profundización del modelo neoliberal de desarrollo, para ellos, la educación es un pilar fundamental que le dará sustento en el tiempo, a la consolidación de sus intereses económicos y sociales. 

2.- Sus principales argumentos se sustentan en el pacto triunfal, el que mostraron celebrando brazos en alto, como una advertencia a toda la sociedad, de que el “acuerdo por la calidad de la educación” es inmodificable. Dicho pacto-acuerdo, en lo fundamental, consolida “democráticamente” lo que la LOCE impuso, esto es: 

a) Igualdad de trato, tanto para los sostenedores municipales como privados, lo que en la práctica favorece a los últimos, pues tienen ventajas tanto para seleccionar-discriminar como para deshacerse de los estudiantes, que no estén dentro del perfil de alumno que su proyecto educativo lo estime, lo que les resulta a la vez más económico. 

b) Las escuelas municipales solamente garantizan el derecho a la educación, los privados garantizan la libertad de educación. Entendiendo el “derecho a la educación” como la obligatoriedad de ser educado y la “libertad de educación” como el derecho a elegir. 

c) La libertad de educación fomenta el lucro con dineros del estado, que en la nueva ley han dado en llamar “ejercicio financiero”. 

d) La calidad de educación la da el actual sistema de medición, SIMCE, que no considera las realidades socio-culturales de los alumnos. Es decir, mide por igual a todos los niños, sin considerar sus problemas sociales ni sus condiciones de deprivación económica, como si los estudiantes fueran una tabla raza sobre la cual el educador escribe, sin ningún tipo de condicionantes. 

e) Flexibilidad laboral, para ello han instalado como discurso político, el argumento de que la calidad de la educación es responsabilidad exclusiva de los trabajadores de la educación, modificando el Estatuto Docente que permitía una relativa estabilidad laboral.

3.- Los sectores sociales movilizados, ven como sus planteamientos han sido ignorados y su participación en los consejos asesores presidenciales, fueron estériles e incluso una comparsa, frente a la realidad que se intenta imponer. Es decir, la llamada revolución pingüina, fue amaga por los diálogos impulsados desde el gobierno, el que terminó imponiendo su modelo neoliberal, a través de una aparente participación de los sectores sociales. 
Estos sectores exigían:

• Fin de la LOCE y su sustento ideológico.
• Fin a la municipalización y vuelta de las escuelas al Estado.
• Fin al lucro con dineros del estado.

En resumen a través de la LGE, se impone sin contrapeso una ley que regirá por largo tiempo la educación en este país, la que abiertamente favorece el lucro y la discriminación a través de la selección de alumnos, entre otros aspectos.

Por su parte, los pueblos originarios han demandado una educación que preserve los derechos lingüísticos y educativos, presentado sus propuestas en las diversas instancias de diálogo, incluso han interpelando a la comisión de derechos humanos de la ONU para que verifique en este país, la violación de los derechos fundamentales de un pueblo: su lengua. 
Los pueblos originarios no estamos considerados en el llamado “acuerdo por la calidad de la educación”, menos en la LGE. Esta última marginalmente considera que en enseñanza media los niños pueden recibir una educación intercultural y bilingüe, en lugares con alta concentración de alumnos indígenas, no especificando lo que entiende por “alta concentración”, lo que nos deja en la indefensión, quedando al arbitrio del sostenedor, la implementación de este tipo de educación.
Los profesores mapuche junto a los demás trabajadores de la educación que participamos en las movilizaciones en contra de la LGE, exigimos: 

a) Una educación de calidad para todos los niños de este país, especialmente para los sectores más pobres, donde se ubica la mayoría de los estudiantes mapuche. 

b) Fortalecimiento de la educación pública, asumiendo el Estado un rol más activo, velando por el derecho a la educación y entregando los recursos económicos que creen las condiciones para implementar una educación de calidad. 

c) No a la privatización de las escuelas municipales, pues la LGE y la Ley de Subvención Preferencial, implícitamente expresan la intención de entregar a privados las escuelas que no logren estándares de “calidad”, entregados por la prueba SIMCE.

d) Estabilidad laboral y reconocimiento profesional, porque la LGE persigue la flexibilidad laboral, a través de la modificación del Estatuto Docente. 

e) Implementación de la educación intercultural para todos los niños y bilingüe para los niños mapuche.

Octubre 2008

Profesores por la indentidad

Escuchar es la estrategia

Si bien la acción de lanzar el jarro de agua a la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez, no fue una forma adecuada de manifestar una opinión por parte de la joven, María Música Sepúlveda,  es algo que nos lleva a reflexionar no sólo en cómo se dialoga, sino que también nos permite vislumbrar las reales dimensiones del quehacer docente, cuando debemos enfrentar situaciones similares o tal vez peores.

 

En lo que respecta al tema del diálogo, observamos a una joven casi niña que intenta decir algo a una autoridad y que se encuentra con una barrera impuesta por la Ministra desde su condición de autoridad: la negativa a escuchar. Posteriormente viene el bullado, publicitado y manipulado “jarrazo”; luego la niña es apartada con agresividad por los guardias, impidiendo con ello que ambas pudieran al menos mirarse.

 

La Ministra, sorprendida, se preocupó de saltar este obstáculo y quizás de olvidarlo rápidamente, señalando que ahora comprendía los problemas que los profesores enfrentamos al interior de las aulas. Esta frase nos hizo sentido a quienes día a día (y sin guardias de seguridad), debemos tragar saliva ante los exabruptos de nuestros alumnos o alumnas que, como jóvenes en formación, reaccionan sin pensar las consecuencias. Entonces, después de su irracionalidad, somos nosotros los que debemos imperiosamente ponernos a reflexionar, a sopesar la situación y discriminar ojalá positivamente. Así, nos damos cuenta de que en muchos casos, los estudiantes evidencian, los problemas que tienen para comunicarse cuando su receptor se niega a escuchar y los maestros nos cerramos al diálogo. A veces, como resultado, nos largan los jarrazos de su impotencia cuando no nos comportamos como los adultos que ellos quisieran que fuésemos.

 

Quizás el mundo adulto, representado por las autoridades, está comportándose como todo aquello que creíamos olvidado: de manera autoritaria. El tratar de imponer la aprobación de la LGE, rechazada por profesores y estudiantes, ¿no será una nueva forma tiránica de ejercer el poder por parte de nuestro gobierno democrático?, ¿cuándo se detuvieron nuestras autoridades a escuchar realmente a los verdaderos agentes, actores, en el tema educativo?

¿O esperaremos nuevos jarrazos para dar pie al diálogo?

 

 

Manuela  Llancapan

Octubre 2008

Declaración publica

Ante el cobarde asesinato del joven mapuche Matías Valentín Catrileo Quesada.

Las comunidades mapuche de la comuna de Ercilla. Emitimos nuestro más profundo pesar, por la muerte de nuestro peñi, Matías Valentín Catrileo Quesada de la comunidad yupeco vilcun. El cual fue acecinado por carabinero, una victima más de la represión, por el hecho de tener condición de mapuche y derechos que reclamar.

1: La comunidades repudiamos este asesinato, de nuestro hermano mapuche. Que en manos de los agentes del Estado a perdido la vida. Consideramos que nuestros derechos están lejos de ser respetados y menos aun reconocidos. Estos actos de violencia institucional, han estado desmoronando cada vez más la confianza, entre la nación Mapuche y el Estado Chileno. Todo quienes hemos estado en defensa de nuestro pueblo, tenemos la convicción de querer alcanzar una nueva y justa relación con el Estado chileno, siempre y cuando nuestros derechos estén plenamente reconocidos y en su ejerció activo. Cuando los mapuche estemos con la totalidad de nuestras tierras .

2: Consideramos que la actitud con que el gobierno a estado abordando el caso, deja de manifiesto que su interés es proteger, a los latifundistas que mantienen las tierras usurpadas de comunidades mapuche . Es repulsivo escuchar las declaraciones del intendente de la novena región Oscar Eltit, cuando se refiere a los mapuche como una mana de animales, el expresa: "los mapuche deben someterse a las leyes del Estado" ; o escuchar las declaraciones del subsecretario de carabinero, Felipe Harboe: "en chile hay un estado de derecho y se debe respetar"; por favor señores, cuyo Estado de derecho, ha destrozado los derechos colectivos y individuales de nuestro pueblo mapuche . En cuanto a las leyes que el intendente Oscar Eltit quiere que respetemos, nos han despojado de nuestras tierras, han manipulado y confundido nuestra gente y hoy cobardemente han matado a nuestro hermano mapuche. ¡De que respeto nos hablan !.

3: las comunidades no aceptaremos esta muerte, ya hemos cargado con la muerte de nuestro hermano Alex Lemus y la de Senen Díaz Necul, por cuales todavía reclamamos justicia. A esto se suma la larga huelga de hambre que sostuvieron lo presos políticos mapuche y que hoy tiene a nuestra lamien Patricia Troncoso al borde de la muerte. Realizamos un llamado de advertencia a las autoridades del Estado, quienes permanentemente se han escusado con su discurso de unidad nacional. Lo mapuche somos personas y no una banda de delincuente, reclamamos derechos reales y lo continuaremos haciendo. Por que les guste o no, somos los dueños de estas tierras. Por la subsistencia de nuestras futuras generaciones nos mantendremos firme. Un fuerte apoyo desde la resistencia de nuestra gente, marrichiwueo. Newen tu haimi peñi.

Declaran Comunidades:

-Ranquilco

-Lemun bajo

-Requen Pillan

-Juan Collio

-Antonio Panitru (sector Aguas Buena)

-Lonco Mahuida

Wallmapu: Ercilla 03/01/08

Comunero mapuche muere en enfrentamiento con Carabineros

El hecho, del cual sólo existen versiones extraoficiales, se registró en el fundo Santa Margarita de propiedad del agricultor Jorge Luchsinger. El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, llamó a los manifestantes a entregar el cadáver del estudiante universitario Matías Catrileo alas autoridades para la realización de las pericias de rigor. Este es el hecho más grave desde la muerte en un incidente similar del comunero Edmundo Alex Lemún, ocurrido en noviembre de 2003.

Un comunero mapuche murió este jueves al enfrentarse con Carabineros durante la toma de un predio en la región de la Araucanía, denunciaron tras ocurrido el hecho los propios manifestantes.

De acuerdo a una versión extraoficial entregada por radio Bío Bío, el hecho se produjo en el fundo Santa Margarita de propiedad del agricultor Jorge Luchsinger, que durante los últimos años ha sido objeto de varias tomas y ataques, por lo que cuenta con vigilancia policial permanente.

Se indicó que alrededor de las 6:00 horas alrededor de 20 comuneros ingresaron al lugar y comenzaron a encender fardos de forraje que se encontraban esparcidos en un potrero.

De acuerdo a la información con que cuenta la emisora, fue en ese momento cuando se hizo presente el personal policial, produciéndose un incidente donde una ráfaga de metralleta hirió y ocasionó la muerte a uno de los manifestantes.

El deceso ha podido ser confirmado oficialmente ya que los mapuches anunciaron que el cuerpo no sería entregado a las "autoridades chilenas" por lo que demandaron la presencia en el lugar de representantes de la Iglesia Católica o de organizaciones de Derechos Humanos. Esto, ante el temor que las evidencias sobre su asesinato sean modificadas.

En tanto, uno de los comuneros mapuches que participó en el hecho dijo en un contacto desde un teléfono celular que la víctima fatal es el estudiante de Agronomía de la Universidad La Frontera de Temuco, Matías Catrileo Quezada, de alrededor de 22 años de edad, quien hace un año habría estaba apoyando a la comunidad Llupeco Vilcún, vecina al predio de Luchsinger.

El dirigente identificado como Rodrigo dijo que llegaron al predio para iniciar "conversaciones" en el marco de una iniciativa de recuperación de tierras impulsada por la Coordinadora Arauco Malleco.

"Nosotros intentamos hacer una recupeación pacífica, ingresamos al fundo, inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras, en eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías".

Dijo que la herida con salida de proyección habría perforado su pulmón, muriendo a los pocos minutos.

Las declaraciones las formuló cuando junto a otros 10 comuneros trasladaban el cuerpo sin vida del joven para evitar entregar el cadáver a personal del GOPE de Carabineros.

Asimismo, pidió la intervención del obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, como mediador para la entrega del cadáver.

Harboe pide entrega del cadáver

En tanto, el subsecretario del Interior formuló un llamado a los dirigentes para que entreguen el cadáver de Catrileo para que se lleven a cabo las pericias de rigor y establecer la causa de su deceso.

Harboe dijo que todavía no existe información oficial del incidente por lo que hizo un llamado "a la tranquilidad, a la calma, en el sentido de dejar que el fiscal, en este caso, que es una autoridad autónoma y distinta de las policías, pueda tomar contacto con el cadáver para hacer los primeros peritajes de rigor y realizar las pericias que correspondan para establecver cómo han ocurrido los hechos".

"Por eso reiteramos el llamado a aquellos comuneros que andan trasladando el cuerpo de Matías Catrileo para poder tener acceso y poder realizar las pericias que correspondan, para contar con información oficial de lo que realmente ha ocurrido".

En tanto, este hecho se suma a la muerte del comunero mapuche Edmundo Alex Lemún Saavedra, registrado el 7 de noviembre de 2003 que se registró en el fundo Santa Alicia perteneciente a la foestal Mininco.

Lemún fue herido por un balín metálico disparado con una escopeta antidisturbios en un enfrentamiento entre comuneros y la policía uniformada, también durante una ocupación de terrenos por parte de un grupo mapuche.

Tras permanecer por cinco días internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) de la Clínica Alemana de Temuco, sometido a ventilación mecánica y tratamiento específico de traumatismo cerebral grave, Lemún murió en el mismo centro asistencial durante la mañana del 13 de noviembre de ese año.

Interculturalidad como un espacio posible de construir

Ariel Antillanca

Existen en este país variadas experiencias donde se ha puesto en práctica la interculturalidad, las que más conocemos están en el ámbito de la educación y de la medicina intercultural, las que han sido implementadas desde el Estado como una respuesta frente a las demandas de los pueblos originarios. Pero la interculturalidad no se puede reducir exclusivamente a estos dos aspectos de nuestra vida social, menos estar supeditada ni girar en torno a lo que el Estado nos pueda otorgar.

Creemos que es posible plantear el tema de la interculturalidad en el conjunto de la sociedad chilena como una práctica que cruce sus diferentes organizaciones e instituciones de lo que se llama la sociedad civil. Con la cual pretendemos abrir espacios donde se materialicen las relaciones interculturales a través de un diálogo abierto, el que propicie acciones que fortalezcan la convivencia entre la cultura mapuche y la chilena. Ello marcaría una presencia nuestra en espacios donde no la tenemos.

La interculturalidad se presenta así, como el fundamento que sustenta y articula al sujeto mapuche en su relación con los no mapuches en los diferentes ámbitos de la vida social, pues es ahí, en la vida social, donde se dan las relaciones entre culturas. Por lo tanto, concebimos la interculturalidad como un espacio de comunicación social, donde los distintos sujetos se interrelacionan, se comunican a través del diálogo y construyen los conocimiento necesarios y las mediaciones, para articular mundos de vida que son diferentes, pero que conviven en un espacio y un tiempo determinado.

Así pues, planteamos la interculturalidad en la perspectiva de rescatar, valorar y proyectar la cultura mapuche, haciendo presente la diversidad cultural existente en este país. El pueblo mapuche como diversidad cultural ha logrado sobrevivir y reivindica espacios donde pueda desarrollarse y proyectarse como individuos que piensan y construyen un destino común.

Creemos que es posible pensar este país a partir de las relaciones entre culturas, es decir, a partir de la interculturalidad, a pesar de los esfuerzos que se hacen y se realizan actualmente por construir una unidad nacional monolítica y monocultural con el fin de uniformar a los sujetos que forman parte de ella. Históricamente la cultura nacional se ha empeñado en desarrollar una política de asimilación de las diferencia de aquellos sujetos y pueblos a los cuales les ha negado su proyecto propio. Así pues, la asimilación se ha transformado en dominación y esta lleva consigo la marginación. La que ha significado para el pueblo mapuche la exclusión de los espacios políticos, económicos y sociales, lo que ha implicado muchas veces que deleguemos en otros la representación y reivindicaciones que son propia de nosotros.

Frente a esta realidad adversa que vivimos queremos realizar los esfuerzos para contribuir a la construcción de nuestro ser histórico, el que requiere del aporte individual y colectivo de quienes forman parte de él. Para que en conjunto podamos comunicar nuestro ser, nuestro sentir, que supere los intentos de asimilación que apuntaban a una aculturación del sujeto mapuche. Es decir, los mapuche como sujeto colectivo, tenemos el derecho de imaginarnos e idearnos nuestras propias utopías que reflejen las aspiraciones de construcción de un destino común, al cual podemos contribuir a partir de los distintos ámbitos donde nos desarrollamos como subjetividades.

Nuestra contribución a la construcción y desarrollo de este ser histórico pretendemos realizarlo junto a otros que desarrollan la misma labor dentro de esta sociedad, para hacer realidad la práctica intercultural, donde hablemos y nos escuchemos, donde establezcamos diálogos que profundicen las confianzas mutuas, donde podamos debatir y defender nuestra ideas y pensamientos, donde podamos pensar un país distinto y poner en práctica la democracia como un ejercicio cotidiano.

Cuando planteamos la interculturalidad lo hacemos realizando un llamado “… a asumir una actitud ética para acoger la diversidad cultural existente…” en este país, pero lo hacemos desde abajo para ponerla en práctica en una sociedad donde existe solamente en el discurso político oficial.

Queremos desafiar y desafiarnos a poner en práctica esta idea de la interculturalidad a partir de un hecho contingente de carácter sindical que ocurre en este país. Con este “llamado a la provocación” pretendemos abrir espacios de diálogos en el ámbito sindical, como una manera de vivir en relación, para que quienes somos mapuche salgamos de nuestra invisibilidad, anonimato y silencio y nos reconozcamos en este ámbito de nuestra vida, la laboral. En ella nos encontramos con muchos otros “espíritus” inquietos que guardan o almacenas sueños y aspiraciones no veladas o truncadas, quienes muchas veces manifiestan una gran sensibilidad hacia nuestra causa como pueblo.

Planteamos la posibilidad de pensar el sindicalismo desde la interculturalidad, lo que significa tomarnos la palabra del principio democrático que debe regirlo, a saber: delegar la representación o representar a sus pares, asumiendo el desafío de conquistar la conducción de este. Esto debería llevarnos a asumir una conducta de ruptura con lo que ha sido nuestra incidencia en el ámbito sindical hasta ahora, es decir, dejar de ser sujetos pasivo para transformarnos en sujetos activos, lo que implicaría: ”No más intérpretes ni intermediarios que hablen por nosotros o a quienes les deleguemos nuestra representación”. Queremos ser nosotros mismos junto a otros, en esta práctica intercultural, los que asumamos la posibilidad de la representación sindical.

Sin lugar a dudas que si decidimos asumir este desafío, dejaríamos de ser sujetos ausente en el mundo sindical para hacernos oír desde nuestra diversidad, sabiendo que la representación sindical no puede ser estática ni rígida ni tampoco responder como ha sido tradicional, a lo que la burocracia sindical decida.

Pensamos que al plantear la posibilidad de la interculturalidad en el mundo sindical, lo hacemos para abrir este espacio cerrado de representación sindical, reducido a pequeños grupos que deciden y nos presentan a sus candidatos cada cierto tiempo, a los cuales legitimamos con nuestros votos. Creemos que es posible en las actuales circunstancias, plantear las ideas de la alternancia democrática y la pluralidad de representación en la organización sindical de los profesores, toda vez que tenemos conciencia de relación y de pertenencia a ella, lo que nos da el derecho de ejercitar, practicar y exigir la democracia sindical.

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Colectivo de Profesores Mapuche

Mari mari pu Lamngen ka pu Peñi

Nos es muy grato dirigirnos a Uds. profesoras, profesores, mapuche y chilenos, personas y organizaciones sociales sensibles con el pueblo mapuche para comunicarles que el día lunes 27 de Agosto de 2007 a las 19:00 hrs. en un hecho que marca un precedente histórico, por primera vez, se procederá a inscribir candidatos mapuche al Regional Metropolitano y nacional del “Colegio de Profesores” para el proceso eleccionario que comienza este lunes.

Creemos que los actuales referentes políticos que controlan la dirección del Colegio de Profesores no son garantía de una práctica democrática, más bien promueven la inhibición y la dependencia de los profesores en torno a la figura de estos dirigentes.

Frente a esta situación, surge la necesidad imperiosa de producir cambios con el fin de poner en práctica la democracia de manera efectiva. Consideramos que participando en las próximas elecciones del Colegio de Profesores, podemos hacer presente nuestra preocupación con la forma como ha sido conducido éste.

Presentaremos una lista disidente y autónoma de los referentes partidarios que recoja el desencanto y descontento de las profesoras, profesores, mapuche y chilenos.

¡¡¡Peukayael Marichiwew!!!

profesoresmapuche@yahoo.es